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  • María Camila Higuera

El aborto en Colombia

En Colombia, el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) o aborto inducido, está reglamentado bajo la sentencia C533 del 2006, la cual expresa que esta práctica es un derecho reproductivo para mujeres y niñas bajo tres causales principales: i. Cuando la continuación del embarazo constituya un peligro para la vida o la salud de la mujer, certificado por un médico o psicólogo. ii. Cuando exista una grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada, igualmente, por un médico. iii. Cuándo el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o, finalmente, de incesto.[1]


Por otro lado, existe también en el Código Penal de Colombia todo un capítulo sobre el aborto, siendo los artículos 122 al 124 destinados a justificar la práctica del aborto como delito punible para las mujeres que interrumpan su embarazo y el personal a cargo de este procedimiento[2]; sin embargo, el capítulo fue modificado tras la sentencia del 2006 aclarando que, el aborto, no es considerado un delito bajo las tres causales anteriores, por lo que no debería representar un obstáculo para cualquier persona en estado de gestación que desee interrumpir su embarazo.



Siendo así, ¿por qué siguen sentenciando a personas por la práctica del aborto inducido? Existen múltiples hipótesis alrededor de este debate, pero se consideran tres causas principales:

En primer lugar, la información sobre la legalidad del aborto no es accesible para todas las mujeres y personas gestantes en Colombia, por lo que sigue prevaleciendo el imaginario colectivo de la ilegalidad de la práctica, aun cuando las causales establecidas abarcan un amplio rango de razones físicas, emocionales y sociales para considerar legal la interrupción del embarazo. Esto también ocurre en algunos profesionales de la salud, quienes niegan la posibilidad de acceso a un aborto inducido porque no tienen claridad sobre las causales bajo las cuales es posible y legal hacerlo.


En segundo lugar, los procedimientos seguros no son accesibles para toda la población, aun cuando las EPS y centros de salud se encuentran en la obligación de prestar el servicio de manera segura. Esto genera que, aproximadamente el 91% de los abortos que se practican anualmente en el país, se den en la clandestinidad[3], arriesgando la vida de la persona gestante, su salud física y emocional y la de sus vínculos cercanos, al no brindar acompañamientos integrales necesarios. Este panorama poco favorable incrementa considerablemente en zonas rurales del país, donde el acceso a centros de salud es limitado en cualquier circunstancia.


Y por último, no hay claridad legal en el tema, no existen protocolos de atención establecidos, no hay instituciones públicas que garanticen este derecho y, por lo tanto, los procedimientos se ven influenciados por relaciones y jerarquías socioeconómicas que benefician a las personas gestantes que tienen posibilidades de acceder a instituciones privadas que garantizan su derecho, a veces, a grandes costos económicos.

Por todo lo anterior, el pasado mes de septiembre, el movimiento Causa Justa, liderado por aproximadamente 134 mujeres de diferentes colectivos y movimientos feministas y protectores de derechos de las mujeres y niñas, presentaron ante la corte una demanda para eliminar definitivamente el aborto inducido como delito en el Código Penal colombiano, garantizando que se establezca como derecho fundamental para todas las personas sin distinción alguna. Y, aunque en el pasado se habían presentado otras demandas para la legalización total del aborto y estas no fueron aprobadas, en este caso el panorama es más favorecedor pues la Corte Constitucional admitió la demanda y continúa en proceso para obtener una respuesta concreta.



Sin embargo, una vez reconocidos los principales obstáculos de acceso al derecho fundamental de las mujeres, niñas y personas gestantes, se considera importante reconocer también las acciones que se pueden dar como respuesta ciudadana ante las injusticias gubernamentales, independientemente de la respuesta que de la corte. En este caso, un paso fundamental para disminuir los índices de desconocimiento sobre nuestros derechos es informándonos y difundiendo todo lo aprendido con el propósito de legitimar la práctica del aborto en los diferentes círculos sociales que transitamos; en este sentido, es clave escuchar, reconocer y apoyar los diferentes movimientos que se gestan en las comunidades, entendiendo que el sentido colectivo transforma estructuras sociales enteras; así, la creación de proyectos formativos, de innovación, de cocreación, con énfasis en el bienestar de mujeres, niñas y personas gestantes significarán un gran aporte a toda la lucha contra la ilegalidad de una práctica que protege y salva vidas.


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[1] Ministerio de Salud. 2016. Interrupción Voluntaria del Embarazo, un derecho humano de las mujeres.

[2] Código Penal. 2000. Capítulo 4. Del aborto. Artículos 122, 123, 124.

[3]Intervención ciudadana en el trámite de revisión de constitucionalidad del artículo 122 de la Ley 599 de 2000. Noviembre 2020.


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