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Violencia, la otra pandemia que azota al pais

Camila Gomez. Especialista en investigación


***Las opiniones expresadas aquí son exclusiva responsabilidad de la autora y no necesariamente representan la opinión/posición oficial de BSocial.


El panorama de violencia en Colombia no podría ser más escalofriante y desalentador: 246 personas han sido asesinadas en 61 masacres durante el presente año. Por otro lado, el Día Nacional de los Derechos Humanos terminó con manifestaciones violentas en la capital, con un resultado de más de 10 muertos y, ante esto, la respuesta gubernamental no ha podido ser más mezquina y desconectada de la realidad que azota al país.

Septiembre fue el mes en el que más masacres han ocurrido en el territorio nacional con 12 eventos registrados, seguido de agosto con 11 y abril con 9, la mayoría de ellos con víctimas muy jóvenes. Frente a lo anterior, el presidente ha decidido centrar el debate en un nuevo eufemismo, “homicidios colectivos”, enfocando el problema en un aspecto idiomático, nublando deliberadamente la realidad, en lugar de centrarse en la latente crisis de derechos humanos. Es así como las masacres se han vuelto una constante en este desgobierno, ausente y carente de decisiones de fondo.

Contrario a la percepción de muchos, las masacres nunca se fueron. Si bien la disminución presentada entre 2015 y 2017 permitió concebir un escenario esperanzador de construcción de paz a raíz del posconflicto, esta visión desapareció a partir de 2018, año desde el cual el número de masacres y víctimas de estos hechos viene en aumento.

¿Y cuál ha sido la razón del incremento de estos sucesos? En parte, la continuación de un modus operandi desde el cual grupos armados ilegales buscan ganar autoridad frente a la población civil en la esfera política, económica y social. Espacios que siguen abiertos en el país debido a la histórica ausencia de un Estado que no ha sido capaz de llenarlos, ni mucho menos de entrar y regular la vida social y económica de las personas que allí se encuentran. A esto sumémosle la falta de eficiencia en la respuesta a las constantes solicitudes por parte de la población frente a una mayor presencia estatal, solución que, en su mayoría, se ha centrado en un considerable despliegue del Ejército en estas zonas, ignorando así las peticiones y necesidades reales de las comunidades en esos territorios.

Adicional a este panorama de violencia perpetrado a lo largo y ancho del territorio nacional, en Bogotá, lo que inició como el Día Nacional de los Derechos Humanos, finalizó en una noche de caos y horror a causa de manifestaciones violentas entre protestantes y la Policía Nacional. Entre las noches del 9 y 10 de septiembre, al menos 14 personas fueron asesinadas, 72 fueron heridas con arma de fuego y más de 400 resultaron lesionadas. A pesar de esto, el Gobierno Nacional y la Policía no se pronunciaron al respecto sino 3 días después de lo ocurrido, centraron su discurso de perdón en el abogado, Javier Ordoñez, y su familia, ignorando por completo las otras 13 víctimas fatales de los sucesos; y por último, el presidente rechazó de manera contundente una reforma a la Policía, incluso a pesar de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le presentara más de cien denuncias de abusos de autoridad acontecidos en un lapso de 48 horas.

Por el contrario, la estrategia del Gobierno se ha centrado en salvaguardar la imagen de la institución, fomentando una narrativa que presenta a los miembros de la fuerza pública como las “víctimas” y a los protestantes como “vándalos”, deslegitimando así la protesta social, además de vincularla a una fachada de la insurgencia armada. Bajo este escenario, ningún perdón público, ni mensajes de solidaridad serán suficientes. La policía sabe que no debe temer, que puede abrir fuego indiscriminado contra el que desee y que, al final, nada les pasará, porque ya comprobaron que tienen a un presidente que les protege, que incluso se viste con su uniforme para que el mensaje quede claro: “soy uno de ustedes”. Esto demuestra una política de seguridad cuyo enfoque no es la población civil y tampoco hay un claro elemento de protección hacia la misma.

Es así como mientras nuestro presidente se pronuncia constantemente en torno a la situación humanitaria en Venezuela, denunciando las violaciones reiteradas a los derechos humanos en el vecino país, su desconexión con la realidad del país que gobierna no podría ser mayor. Manifiesta ante organismos internacionales que hoy en Colombia no hay dilemas entre amigos y enemigos de la paz, mientras su gabinete polariza entre ciudadanos de bien y aquellos que, como contradictores a su posición, no lo son. Vocifera en sus discursos ser amigo de la paz ante gobiernos extranjeros, pero sus acciones a nivel interno manifiestan lo contrario.

Señor presidente, su gestión no podría asemejarse más a la de un gobernante ausente, desconectado y sumiso, que no entiende la realidad de un país que, para bien o para mal, lo eligió como su mandatario.


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